jueves, 27 de enero de 2011

Ronny Padrón.
Democracia Cristiana Hoy.

El discurso socialista: una estafa de primera.

Además exitosa, como dudarlo. Que luego de 12 años bajo régimen socialista, aún nuestra dirigencia demócrata no haya sido capaz de resolver tan viejo ¨Nudo Gordiano¨, es como para ponerse a pensar.

Porque no resultará sencillo desarticular un discurso cargado de falacias, mitos y argucias, cuando quienes están llamados a rebatirlo carecen de la valentía y la autoridad moral, indispensables para asumir los riesgos derivados de tal acción.

Aún está fresco el recuerdo de la visita que en 2.009 dispensaron a Venezuela distinguidos intelectuales latinoamericanos, que bajo los auspicios de la organización CEDICE-LIBERTAD, lograron en pocos días, lo que en una década no ha podido nuestro democrático liderazgo. ¿Dónde está el meollo? Simple, aquellos insignes invitados con Mario Vargas Llosa a la cabeza, atacaron la tesis socialista y a su actual experimento venezolano con las armas de la razón, derrochando valentía, desnudando una gran mentira ideológica la misma que nuestros dirigentes políticos al parecer temen develar.

Porque me pregunto: ¿Será tan difícil defender en los sectores populares la pertinencia de una economía social de mercado vistos sus éxitos en la República Federal de Alemania? ¿Cuál es el problema de promover la entrega de certificados de propiedad de la riqueza nacional hoy tan pésimamente administrada por el Estado, para cada venezolano mayor de edad? ¿Dónde está la dificultad de defender al capitalismo como régimen económico, el más eficiente y justo conocido hasta la fecha por la humanidad?

Preguntas como las antedichas siguen siendo pertinentes en la medida que nuestra dirigencia demócrata persista en su política filo-socialista de prometer un Estado benefactor que sí controlará con eficiencia al empresario privado, con una PDVSA que sí distribuirá en forma justa la riqueza de todos, a sabiendas que se trata de un discurso perpetuador, sino del socialismo, sí de la pobreza nacional. Un pueblo como el venezolano, históricamente clientelar, no cambiará dádivas seguras, por la promesa de dádivas futuras. Merece una alternativa, basada en el trabajo, la ley y el orden.

Alcanzar el Bien Común y la Justicia Social en la Venezuela de hoy, pasa necesariamente por la ruptura definitiva con el populismo de otrora y el vigente socialismo. 12 años son muchos. Con valentía y honradez podríamos avanzar. ORA y LABORA.
caballeropercival@hotmail.com

domingo, 23 de enero de 2011

18 de enero de 2011

Jueces a la venta en América Latina


por Carlos Alberto Montaner

Carlos Alberto Montaner es periodista cubano residenciado en Madrid.

Las banderas de los juzgados de Miami ondearon a media asta en señal de duelo. Ocurrió en diciembre pasado tras la muerte inesperada del juez de circuito Roberto Piñeiro. Tenía 56 años. Era un jurista extraordinario, formado en Duke University, a quien todos le auguraban un deslumbrante futuro, quién sabe si hasta en la Corte Suprema de EE.UU.

A nadie podía pasarle por la cabeza tratar de sobornarlo o de influir en sus decisiones. Era incorruptible y famoso por la ponderación de sus sentencias. Era compasivo, cuando valía la pena, porque existían elementos que aconsejaban atenuar la sanción, pero era severo, cuando tenía que serlo, porque poseía plena conciencia de que la sociedad, que periódicamente lo elegía para ese delicado cargo, esperaba de él que volcara todo el peso de la ley sobre ciertos culpables especialmente perjudiciales. Es por gente como Roberto Piñeiro que EE.UU. forma parte del Primer Mundo.

La calidad y la legitimidad de los Estados se miden por el nivel de excelencia de su sistema judicial y por la probidad de sus jueces. Sin este factor no hay desarrollo ni convivencia civilizada.

Les cuento, como contraste, una historia reciente que explica por qué una parte sustancial de América Latina no consigue ni conseguirá despegar, y, si lo logra, volverá a despeñarse. Sucedió recientemente en un país andino, pero, en mayor o menor grado, pudiera ocurrir (y ocurre) en al menos 15 de la veintena de naciones latinoamericanas.

Eran las fiestas de Navidad y una muchacha de familia muy pudiente, más locuela que mala, mezcló alcohol y cocaína, y con su auto atropelló a un peatón, huyó del lugar y chocó tres veces mientras trataba de escapar de la policía. Finalmente, la joven, digamos que se llama Sabrina, fue detenida y encarcelada. Los delitos eran serios y su conducta muy reprochable.

Hasta ese punto la anécdota no parece tener importancia. Pero entonces comenzó a actuar un abogado de la familia de la manera en que en su país se resuelven estos problemas. Salió a la calle con un maletín lleno de dinero y, tras sacar a la niñita de la cárcel con una leve fianza, comenzó por comprar a la policía, que cambió el atestado del caso. Compró al peatón herido para que no acusara a su cliente. Compró a los testigos para que anularan o modificaran sus declaraciones.

Compró al fiscal para que redujera sustancialmente el grado y tipo de delito imputado. Compró al juez para que dictara una sentencia absolutoria y, en el colmo de la prestidigitación, compró al oficial del juzgado para que ni siquiera quedaran rastros del juicio. El expediente desapareció. La noche loca de la muchacha borracha y drogada se saldó con menos de $20.000 e impunidad total.

¿Cómo se ha llegado a ese nivel horizontal de corrupción, donde casi todos los agentes sociales están dispuestos a violar la ley si el precio es adecuado? Muy sencillo: si muchos funcionarios, electos o designados, incluidos, a veces, hasta el propio presidente de la república, roban, venden influencias, aceptan coimas, practican el clientelismo, benefician a los amigos y tratan de controlar a los jueces para beneficio propio y perjuicio de los adversarios, ¿cómo extrañarse de que el aparato judicial completo, desde los que supuestamente persiguen los delitos, hasta los que supuestamente juzgan a los delincuentes, acaben vendiéndose a quien mejor les pague? No puede haber sistemas selectivos de justicia. O hay justicia para la totalidad o acaba por no haber justicia para nadie porque la gangrena se extiende por todo el tejido social.

No es una casualidad que las naciones más avanzadas del planeta sean las menos corruptas y, al mismo tiempo, las que poseen mejores y más equitativos sistemas judiciales. Eso, claro, cuesta mucho dinero porque exige buenas facultades de derecho, legisladores sensatos, policías razonablemente remunerados y mejor reclutados, jueces bien formados, independientes, alejados de las presiones políticas, con salarios decentes y reconocimiento social.

Las sociedades que no estén dispuestas a pagar ese precio jamás conseguirán abandonar el Tercer mundo. En América Latina, hasta ahora, no pasan de cuatro o cinco los países dispuestos a ese sacrificio.


Artículo de Firmas Press
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21 de enero de 2011

El control estricto de armas no funciona


por Jeffrey Miron

Jeffrey A. Miron es director de estudios de pregrado de la Universidad de Harvard y es un Académico Titular del Cato Institute. Su blog es http://jeffreymiron.blogspot.com/.

Como era de esperarse, la atrocidad cometida hace dos semanas por Jared Loughner en Tucson, Arizona, ha generado llamados para que se adopten nuevas leyes de control de armas en EE.UU. Algunos piden prohibir los cartuchos con capacidad extendida de municiones que le permitieron a Loughner disparar 30 veces su Glock semi-automática sin necesidad de recargar. Otros desean una mejora en las revisiones de antecedentes para evitar que individuos mentalmente inestables compren armas.

Pero, ¿prevendrían estas u otras leyes incidentes como el de Arizona? Probablemente no. Y estas leyes, junto con los controles de armas existentes, no sólo perjudican a los propietarios de armas responsables sino que incluso podrían aumentar la violencia.

Las leyes de control de armas pueden clasificarse en dos categorías. En EE.UU., muchas de ellas son moderadas: permiten la posesión legal de armas para la gran mayoría de personas en casi todos los casos, mientras que imponen costos moderados sobre los dueños legítimos de armas. Ejemplos de esto incluyen las revisiones de antecedentes penales, los períodos de espera para comprar un arma, la edad mínima para comprarla, entre otras regulaciones.

Sin embargo, es poco probable que este tipo de leyes desalienten a alguien como Loughner, quien parece haber contemplado y planeado su ataque durante mucho tiempo. La razón es simple: estas leyes son fáciles de burlar.

Pensemos, por ejemplo, en una prohibición sobre los cartuchos con capacidad extendida de municiones. Si estos no hubiesen estado disponibles, Loughner todavía habría podido llevar a cabo su ataque con un cartucho con capacidad para diez municiones y hubiese apuntado con más cuidado sabiendo que tenía menos balas. Loughner hubiese podido traer varias armas, permitiéndole continuar disparando sin interrupción. Loughner podría haber comprado cartuchos con capacidad extendida que se vendían antes de que la prohibición entrara en efecto (especialmente porque la posibilidad de una prohibición estimula las ventas antes de que esta se implemente). O podría haber comprado un arma en el mercado negro, tal vez colocando simplemente un anuncio en los clasificados.

Dificultades similares minan la efectividad del uso de la revisión de antecedentes tendiente a evitar que las personas mentalmente inestables compren armas. EE.UU. ya tiene este sistema, pero no habría evitado que Loughner comprara un arma, ya que este solo aplica cuando un tribunal ha declarado a una persona mentalmente incapacitada, lo cual no había sucedido en el caso de Loughner.

Incluso una definición más amplia de una persona mentalmente incapacitada probablemente no desalentaría a alguien que tiene la determinación de infligir violencia. No importa qué tan amplia sea la definición, esta medida no hace nada por eliminar las múltiples opciones mediante las cuales cualquiera con suficiente dinero puede comprar un arma y balas.

Controles de armas como los que se proponen podrían, en algunos casos, evitar incidentes terribles como el de Tucson o al menos reducir el daño inflingido, pero muy probablemente esto sucedería en raras ocasiones. Evitar pocos incidentes como estos es definitivamente mucho mejor que no evitar ninguno, por lo que estos controles tendrían sentido si no tuvieran efectos negativos. Pero los controles de armas, incluso aquellos moderados, tienen consecuencias negativas.

Como mínimo, estas leyes imponen costos sobre las personas que poseen y usan armas sin causar daño a otros, ya sea para cazar, coleccionar, practicar tiro, auto-defensa o simplemente para la tranquilidad mental. La molestia impuesta por las prohibiciones sobre los cartuchos con capacidad extendida o por los periodos de espera para comprar un arma podría parecer algo trivial comparado con las muertes y heridos que ocurren cuando alguien como Loughner se sale de control. Y si el único aspecto negativo de estos controles fuese solamente estas molestias, la sociedad podría, razonablemente, aceptar esos costos, asumiendo que dichos controles impedirían algunos actos de violencia.

Pero los controles moderados no siempre lo siguen siendo; a menudo evolucionan hasta convertirse en límites estrictos sobre la posesión de armas, casi llegando a constituir una prohibición. Y esto no es solo especulación; hace un siglo gran parte de los países tenían pocos controles de armas, pero hoy muchos han casi prohibido la posesión por parte de los ciudadanos. Algunos de estos países (Reino Unido y Japón) tienen bajos niveles de violencia que podrían justificar los controles estrictos, sin embargo, otros experimentan violencia sustancial o extrema (Brasil y México).

En términos generales, las comparaciones entre estados y países —así como también las investigaciones de ciencias sociales— no brindan un respaldo consistente a la aseveración de que los controles de armas reducen la violencia. Además. los controles estrictos y la prohibición no eliminan las armas más de lo que la prohibición de drogas ha detenido su tráfico y consumo. La prohibición podría disuadir a algunos potenciales poseedores de armas, pero sobre todo serían aquellos que poseerían y usarían armas de manera responsable.

El eslogan clásico —cuando se proscriben las armas, solamente los proscritos tendrán armas— no es solamente un juego de palabras; es una observación fundamental acerca del error de la prohibición. Tal enfoque significa que los malos están bien armados mientras que los ciudadanos respetuosos de la ley no lo están.

Incluso si los controles estrictos o la prohibición hubiesen evitado que Loughner obtuviera un arma, él todavía hubiese podido llevar a cabo un ataque violento. El atentado de Timothy McVeigh en 1995 en Oklahoma City, donde fueron asesinadas 168 personas, ilustra perfectamente que un lunático con determinación tiene múltiples maneras de causar daño.

Además de ser ineficaz, la prohibición podría incluso aumentar la violencia al crear un mercado negro de armas más grande. Si las leyes de armas siguen el camino de las leyes contra las drogas, podemos esperar más violencia bajo la prohibición de armas que en una sociedad con controles limitados, o libre de ellos.

La triste realidad es que cada sociedad tiene unas cuantas personas cuya inestabilidad mental causa graves daños a otros. Esto es trágico, pero no justifica intentos ineficaces y posiblemente contra-producentes para prevenir tales perjuicios.

Este artículo fue publicado originalmente en Bloomberg News (EE.UU.) el 13 de enero de 2011.
21/1/2011


Viviendas y delirio

El propio Presidente de la República, en un raro gesto autocrítico, reconoció que su gobierno fracasó con la vivienda


Por Aníbal Romero

El tema de la vivienda es emblemático entre las paradojas de la “revolución”. El propio Presidente de la República, en un raro gesto autocrítico, reconoció que su gobierno fracasó con la vivienda. Sin embargo los revolucionarios hacen lo posible para destruir la capacidad de construir viviendas instalada en el país, acosando y persiguiendo a los promotores e inversionistas privados que son los únicos con la visión y destreza para lograr los objetivos.

A raíz de su pobre desempeño en materia de vivienda el gobierno anunció que realizará en un par de años lo que dejó de hacer en once. Pero con las medidas que ha tomado “afila el cuchillo que cortará su garganta”. Dos ejemplos bastan: La torpe resolución 110 de junio de 2009, a la que se sumó la Ley de INDEPABIS de febrero de 2010. En conjunto, estos instrumentos jurídicos son una especie de esfuerzo delirante para contrarrestar la ley de gravedad en economía, pues desdeñan la patente realidad de que Venezuela tiene la inflación más alta de América Latina y compite por el primer lugar del mundo.

En un contexto económico con 30 por ciento o más de inflación resulta sencillamente imposible que las inversiones preserven los precios calculados a su inicio. Sólo un Estado dispuesto a financiar déficits permanentes puede hasta cierto punto sostener proyectos, como es el caso de los de construcción de viviendas, que por su naturaleza se extienden en el tiempo y exigen la flexibilidad que el cambio de las circunstancias económicas impone.

No contento con desafiar la ley de gravedad, el régimen revolucionario, en su descenso por el barranco ideológico, se ha dedicado a nacionalizar cementeras, fábricas de cabillas y otros insumos esenciales para la construcción, con el predecible resultado de multiplicar la ineficiencia y aumentar los precios, generando de paso una dinámica de incontrolable corrupción.

Por otro lado, al conceder con sus leyes absurdas un amplísimo margen a las denuncias, con frecuencia irresponsables y manipuladas, de unos pocos consumidores, el régimen ha abierto las puertas al ejercicio del resentimiento demagógico en detrimento de la mayoría. Esto se ha observado en los casos de los desarrollos habitacionales expropiados e intervenidos el pasado mes de diciembre en Caracas y otros lugares. Con tales medidas el gobierno daña los intereses de los compradores, destruye miles de empleos, acrecienta la inseguridad jurídica imperante, y para completar la pesadilla se echa sobre los hombros una tarea para la cual, de manera evidente, ha demostrado no estar capacitado.

En vista de las asfixiantes medidas jurídicas y quimeras ideológicas del régimen, desaparecen día a día los promotores privados con un mínimo deseo de acometer la construcción a gran escala de viviendas en Venezuela. Los promotores honestos y eficaces han sido espantados y ahuyentados. Los únicos que pretenderán ahora hacerlo, pues no cabe esperar otra cosa, serán empresarios “amigos” del gobierno, que como siempre anunciarán sus designios con bombos y platillos pero sólo los llevarán hasta el punto en que logren llenarse los bolsillos de subsidios, para después abandonar los planes a la manera de muchos hoy esparcidos en ruinas a lo largo y ancho del país.

Lo más extraño es que el régimen no pareciera apto para concluir si de veras desea realizar una buena gestión, o si lo único que le importa es el control político. Una buena gestión es indispensable para la popularidad, pero el modelo cubano no requiere de popularidad para sostenerse. ¿Cuándo decidirá finalmente Hugo Chávez?

anibalromero.net
Ciudad El Tigre, sábado 15 de enero de 2011
Ronny Padrón.
Democracia Cristiana Hoy.

El caso Túnez: nuevo paradigma de rebelión popular.

Resulta inevitable para un demócrata venezolano analizar políticamente los recientes acontecimientos en la República Tunecina. El derrocamiento de la tiranía encabezada durante 23 años por el oficial militar Zine El Abidine Ben Ali, concluida este 14 de enero en virtud de una rebelión popular, hecho inédito en países de cultura árabe, no puede sino hacernos reflexionar como sociedad.

Se estima superior a la cincuentena, la cifra de asesinatos políticos a manos de las fuerzas de seguridad tunecinas desde el inicio de la precitada rebelión el pasado 17 de diciembre; violencia de Estado muy frecuente en estos países al norte de África, que sin embargo dio pie en esta oportunidad para la defenestración de otra tiranía. A la fecha es sabido, que previo a la auto-flagelación de un joven estudiante universitario en razón de la crisis económica que se abate sobre Túnez, génesis de la insurrección popular, ningún factor político en ese país concebía siquiera un desenlace de esta naturaleza, habida cuenta la característica sumisión que en lo político presenta tal sociedad.

A estas horas, ya es un hecho cierto no solo la irreversibilidad de los acontecimientos políticos en el precitado país africano, sino además el surgimiento de un nuevo paradigma en lo que se refiere a rebeliones populares. Con el presente caso, se ratifica el axioma aquel respecto a la intransferible soberanía política en manos del pueblo, siempre en capacidad de ejercerla dadas las condiciones fácticas para ello, haciendo abstracción de la etnia, clima, forma de gobierno, religión o cultura que lo definan.

Quienes pretendan obviar en la actualidad lecciones como la proclamada por los tunecinos, serán derrotados, sino al tiempo presente, por la historia. Vaya un mensaje de alerta para nuestra Mesa de la Unidad Democrática: no permitan que el gran esfuerzo de concertación democrática, cívica y constitucional por ustedes representado se pierda. Superen ya su evidente reticencia en potenciar la protesta cívica y valiente, pacífica y enérgica, tal como se comprometieron hacer en el ¨Documento leído durante la instalación de la mesa unitaria de la oposición¨ en fecha 08 de junio de 2.009.

Para un pueblo como el venezolano, ¨ducho¨ en estas lides, 12 años de tiranía son más que suficientes. En política nadie es indispensable, mucho menos esta MUD.

Mis saludos y respetos para ese gran dirigente, el compatriota Alejandro Peña Esclusa, insigne prisionero político de esta tiranía socialista. Desde esta trinchera democrática le ratifico: su prédica y ejemplo no se perderán. ORA y LABORA.
caballeropercival@hotmail.com

domingo, 16 de enero de 2011

Ciudad El Tigre, domingo 09 de enero de 2011
Ronny Padrón.
Democracia Cristiana Hoy.

¿Cómo se evita el asesinato de un tirano?

Asunto nada de sencillo más allá de la credibilidad que pueda tener el par de brujos argentinos que recientemente pronosticaron la desaparición de Hugo Chávez para este mismo 2.011.

Porque al tiempo de la prohibición moral desde hace mucho certificada por la Iglesia Católica en relación a esa clase de homicidios, está el hecho cierto de gobernantes cuyo accionar despótico y contrario al orden moral transforman su autoridad en una forma de violencia. Tal es el caso actual en Venezuela.

Es entonces, cuando ante el escenario de iniquidad presente, donde es público, notorio y comunicacional el carácter tiránico del régimen encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez, se hace necesario el desarrollar estrategias que posibiliten una restauración constitucional dentro del marco de la justicia y la paz.

En tal sentido, se hace necesario potenciar la resistencia democrática activa conforme a la Carta Magna, de brillantes resultados ante el socialismo en gobierno, tal como lo certifica la muy reciente negativa del tirano en promulgar una Ley de Educación Universitaria tan violatoria de la Constitución como todas las recientemente aprobadas por la saliente Asamblea Nacional socialista, con una gran diferencia: el movimiento universitario de la mano de sus legítimas autoridades rectorales demostró indubitablemente su decisión de resistir el incipiente atropello.

Es menester entonces que la Mesa de la Unidad Democrática haga válido uno de sus postulados, que leído durante su instalación en fecha 08 de junio de 2.009 establece: ¨La unidad es la alternativa para la protesta cívica y valiente, pacífica y enérgica. Protesta para que se escuche la voz de un pueblo que no nació para ser coro de un hombre, ni acepta ser condenado al silencio. Protesta que no se agota en sí misma, porque tiene el sentido de ir construyendo una esperanza¨.

De tal manera que llegó la hora en que esa misma MUD, único referente organizado de la alternativa demócrata en Venezuela otorgue preeminencia a la protesta cívica, en los términos antedichos, en cabeza de patriotas venezolanos dispuestos a cumplir con ese trascendente rol, y deje hacer a los parlamentarios demócratas recién electos el trabajo para el que evidentemente se encuentran mejor preparados: la denuncia a nivel nacional e internacional sobre las transgresiones que a la constitucionalidad democrática caracterizan al socialismo en gobierno.

La realidad es necia y los hechos incontrovertibles. Una cosa es la valiosa certificación lograda el pasado 26-S respecto a la mayoría popular demócrata, y otra muy distinta es lograr el respeto a esa voluntad popular en el contexto diario.

Tenemos la amarga experiencia de la megabstención en 2.005, y la vivida en 2.007 en razón de la reforma constitucional. En ambos eventos los demócratas ganamos pero no ¨cobramos¨ por la falta de un liderazgo político apto para tal misión.
En las actuales circunstancias, cuando el régimen se despoja de su fachada democrática iniciando la formalidad tiránica, no corresponde a los fanáticos del electoralismo marcar nuevamente la pauta. Aún tenemos oportunidad de ahorrarle a Venezuela nuevas tragedias.

Claramente lo señala el canon 1903 del Catecismo de la Iglesia Católica: ¨ La autoridad sólo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. “En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa”. ORA y LABORA.
caballeropercival@hotmail.com