Ciudad
El Tigre, sábado 17 de septiembre de 2016
Ronny
Padrón
Democracia Cristiana Hoy
¿Salud y educación
socialista para todos?
Tal interrogante
viene a lugar reflexionando sobre la defensa siempre vehemente que de tales
servicios públicos tiene a bien hacer la dirigencia del régimen, aun hoy día en
medio de este holocausto. Considerando entonces la dificultad evidente para
calibrar objetivamente la calidad de tales servicios, estimamos así procedente
el aplicar la siempre oportuna ¨Regla de Oro¨ del Evangelio, moral común que une a las grandes religiones,
gran patrimonio de la humanidad, precepto éste que nos propone: “Por tanto, todas aquellas cosas que
quisierais que los hombres os hagan, obradlas asimismo con ellos: pues ésta es
la ley y los profetas". Mateo 7:12.
De tal
manera si ¨Con la verdad ni ofendo ni temo¨, brillante frase atribuida a José
Gervasio Artigas (1764-1850). Militar y estadista uruguayo, máximo prócer de la
Independencia de Uruguay, es menester adentrarnos un poco en la valoración real
que otorgan los líderes del PSUV a los sistemas de salud y educación pública en
Venezuela.
Debemos
resaltar de entrada, la pública, notoria y comunicacional propensión de la alta
dirigencia socialista al uso de los
servicios de salud y educación prestados por particulares. Los medios de
comunicación social del país a lo largo de estos 17 años, han sido fieles
depositarios de innumerables relatos en tal sentido.
Desde
graves accidentes automovilísticos, pasando por el esmerado celo maternal en
razón de la búsqueda del conocimiento para la prole, hasta las siempre
polémicas cirugías estéticas, todos tienen su vínculo en común: El ente
prestador del servicio público fue siempre de naturaleza mercantil, persona
natural o jurídica. ¿Entonces?
Independientemente
de las razones que fundamenten el que nuestra dirigencia demócrata se abstenga
hasta la fecha de exigir explicaciones políticas ante un accionar tan
contradictorio, nosotros desde acá creemos necesario ir más allá del simple
llamado de atención.
Consideramos
importante el atrevernos a esbozar una propuesta de política pública de inmediata
aplicación una vez que las fuerzas demócratas
restauren la Constitución, conforme a ese mismo texto. Tal planteamiento tiene
por base una muy sencilla premisa: Todo funcionario público de elección
popular, estará obligado de conformidad con la ley a hacer uso, él y sus
parientes más cercanos, de los servicios
de salud y educación prestados por el Estado. El incumplimiento de tal
disposición acarreará sanciones de acuerdo a la ley.
Ello por
cuanto comprendemos que el desdén tanto de gobernantes como de legisladores
patrios respecto a la optimización de los servicios de salud y educación
prestados por el Estado, tiene un asidero en el burladero que para la alta
clase política ha significado siempre la prestación de dichos servicios por
parte de entes privados.
Valdría la
pena cavilar sobre el comportamiento de esos mismos políticos, ante un
requerimiento legal como el antedicho. Ora y Labora.