Ciudad El Tigre, sábado 23 de abril de 2011
Ronny Padrón.
Democracia Cristiana Hoy.

¿La salud y la educación socialista son de primera?

Tal interrogante viene a lugar reflexionando sobre la defensa siempre vehemente que de tales servicios públicos tiene a bien hacer la dirigencia del régimen. Considerando entonces la dificultad evidente para calibrar objetivamente la calidad de tales servicios, estimamos así procedente, el aplicar la siempre oportuna ¨Regla de Oro¨ del Evangelio, moral común que une a las grandes religiones, gran patrimonio de la humanidad, precepto éste que nos propone: “Por tanto, todas aquellas cosas que quisierais que los hombres os hagan, obradlas asimismo con ellos: pues ésta es la ley y los profetas". Mateo 7:12.


De tal manera si ¨Con la verdad ni ofendo ni temo¨, brillante frase atribuida a José Gervasio Artigas (1.764-1850). Militar y estadista uruguayo, máximo prócer de la Independencia de Uruguay; es menester adentrarnos un poco en la valoración real que otorgan los líderes del PSUV a los sistemas de salud y educación pública en Venezuela.


Debemos resaltar de entrada, la pública, notoria y comunicacional propensión de la alta dirigencia socialista, al uso de los servicios de salud y educación prestados por particulares. Los medios de comunicación social del país, a lo largo de estos 12 años, han sido fieles depositarios de innumerables relatos en tal sentido.


Desde graves accidentes automovilísticos, pasando por el esmerado celo maternal en razón de la búsqueda del conocimiento para la prole, hasta las siempre polémicas cirugías estéticas, todos tienen su vínculo en común: El ente prestador del servicio público fue siempre de naturaleza mercantil, persona natural o jurídica. ¿Entonces?
Independientemente de las razones que fundamenten el que nuestra dirigencia demócrata se abstenga hasta la fecha de exigir explicaciones políticas ante un accionar tan contradictorio, nosotros desde acá, creemos necesario ir más allá del simple llamado de atención.


Consideramos importante atrevernos a esbozar una propuesta de política pública de inmediata aplicación, una vez que las fuerzas demócratas restauren la Constitución, conforme a ese mismo texto. Tal planteamiento tiene por base una muy sencilla premisa: Todo funcionario público de elección popular, estará obligado de conformidad con la ley, a hacer uso, él y sus parientes más cercanos, de los servicios de salud y educación prestados por el Estado. El incumplimiento de tal disposición, acarreará sanciones administrativas.


Ello por cuanto comprendemos, que el desdén tanto de gobernantes como legisladores patrios, respecto a la optimización de los servicios públicos de salud y educación, tiene un asidero en el burladero que para la alta clase política ha significado siempre la prestación de dichos servicios por parte de entes privados.
Valdría la pena cavilar sobre el comportamiento de esos mismos políticos, ante un requerimiento legal como el antedicho. ORA y LABORA.

caballeropercival@hotmail.com