Ciudad El Tigre, jueves 11 de agosto de 2011
Democracia Cristiana Hoy.

Ronny Padrón.

La alternativa al desastre del socialismo tigrense en materia de basura.

El socialismo, gobernante en la ciudad de El Tigre desde hace 11 años, como es ya su costumbre, logró también el colapso del servicio de aseo urbano municipal. La gestión integral de los residuos y desechos sólidos en el Municipio Simón Rodríguez, en sus fases de: recolección, aprovechamiento y disposición final, muestra una precariedad tal que sólo nos resta rogar porque no tengan lugar problemas sanitarios mayores que los presentes.

La más reciente prueba de tal colapso tuvo como epicentro el llamado vertedero ¨La Guarapera¨, inoperativo incluso para su actual objetivo, el simple depósito de residuos y desechos sólidos, contraviniendo obviamente la vigente ley de gestión integral de la basura, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010, en cuyo Artículo 62 Finalidad, se establece que: ¨La disposición final es la fase del manejo integral de los residuos y desechos que tiene por finalidad la eliminación o confinamiento en forma definitiva sanitaria y ambientalmente segura de los mismos¨.

Precepto que concatenado al artículo 63 Disposición Final, del mismo instrumento legal, el cual reza: ¨La disposición final de los desechos sólidos no peligrosos sólo podrá realizarse en rellenos sanitarios.¨, evidencia que el actual manejo de ¨La Guarapera¨, por parte del socialismo tigrense comporta por lo menos una infracción gravísima, sancionable con multa entre doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.) y trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.), ello en virtud de que siendo la administración socialista del Municipio Simón Rodríguez, la responsable del manejo integral de los residuos y desechos sólidos, por negligencia comprobada no cumple con el plan de adecuación de operación en las fases de transferencia, tratamiento, disposición final, clausura y post-clausura, ajustando la actividad a la normativa técnica y los planos respectivos, ello conforme al artículo 121 ordinal 6 de la precitada Ley de Gestión de Gestión Integral de la Basura, legislación que a pesar de ser una hechura del régimen inconstitucional en gobierno, consagra normas que como ésta pueden considerarse jurídicamente pertinentes.

Sin embargo, la precitada ley socialista presenta en su texto, cánones cuyo absurdo es sólo comparable al desatino de quienes pretenden darle concreción. Es el caso específico del artículo 17. Dicho precepto trata sobre las llamadas empresas socialistas (de propiedad colectiva) cuyo objeto se refiere a la prestación de servicios de gestión integral de los residuos y desechos. Es el caso, que recientemente La alcaldía socialista de El Tigre dio a conocer su intención de entregar la ¨operatividad¨ del basurero ¨La Guarapera¨, a una de estas empresas socialistas, también llamadas Empresas de Producción Social (EPS).

Vale destacar, que la eficiencia de tales emprendimientos nunca ha sido cabalmente demostrada en ninguna de sus variantes, menos aún en materia de gestión integral de la basura, sin embargo, vistos los magros resultados obtenidos por otras EPS, en los distintos ámbitos en que han sido activadas: construcción de bloques, servicios mineros, servicios petroleros, sólo nos cabe temer por el desempeño que tendrían en el delicado campo de los residuos sólidos.

Ante el caos de la basura, los tigrenses contamos con una alternativa: La privatización vía concesión, del servicio de aseo urbano en todas sus fases.
En el modelo de concesión privada, la empresa se responsabiliza por la gestión de los residuos y cobra directamente a los ciudadanos y demás generadores de residuos (empresas, organismos públicos, etc).

La prestación de este servicio estaría a cargo de una empresa específica y el gobierno municipal tendrá por función, definir el área de actuación, el período de concesión, la estructura de la tasa y la evaluación de la calidad de los servicios, de conformidad con la vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el martes 28 de diciembre de 2010 N° 6.015 Extraordinario. Para ese fin, el gobierno deberá contar con la estructura técnica y administrativa requerida para controlar y monitorear el servicio prestado.

En esta modalidad, la empresa privada tiene más responsabilidad y se haya menos sujeta a interferencias políticas, como sí ocurre cuando se trata de empresas de servicios de capital estatal como en la actualidad en nuestro Municipio.

La gestión de residuos en países sub-desarrollados como Venezuela, a partir de la década de los 80´s ha visto la implantación y fortalecimiento de una tendencia a privatizar la gestión de los servicios de aseo urbano, sobremanera en las ciudades, con resultados indiscutiblemente positivos, valga referir el contraste existente entre el servicio de aseo urbano prestado hoy día por la municipalidad socialista de Libertador en Caracas, con la gestión de la empresa privada de otrora.

En la ciudad de Lima, capital de la hermana República del Perú, declarada Patrimonio de la Humanidad, es una empresa privada la concesionaria del servicio de aseo urbano, con resultados que la han hecho ejemplo del orbe.
En Europa, el servicio de aseo urbano prestado por empresas privadas, ha fomentado la proliferación de sistemas que evitan el impacto visual de los residuos en el entorno urbano, ello mediante el soterramiento de contenedores con buzón exterior de vertido. En USA, las empresas privadas gestoras del aseo urbano ponen énfasis en la minimización de residuos, fruto de leyes cada día más estrictas en tal sentido.

¿Por qué una empresa privada? Lo resumimos en los siguientes fundamentos: 1. Sólo a través de una empresa privada la ciudad se asegura un servicio continuo y de mejor calidad. 2. La responsabilidad del manejo de residuos sólidos, desde su recolección hasta su disposición final. 3. Aporte inmediato de tecnología y recursos económicos requeridos para la modernización de los servicios. 4. Permite la fiscalización por parte del Poder Público Municipal, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 5. No puede haber fallas en el servicio prestado, caso contrario se le aplican las penalidades establecidas en el contrato de concesión, por servicio incumplido 6. Mayor facilidad y rapidez en adquisición de repuestos, materiales y herramientas necesarias en los servicios. 7. Garantía de mantener la calidad del servicio, independientemente de cambios políticos.

En fin, porqué continuar con el peor servicio de aseo urbano, si podemos contar con el mejor. El asunto está en aprender, la lección de estos 11 años, votando a favor de la restauración constitucional en 2.012. ORA y LABORA.

caballeropercival@hotmail.com