domingo, 3 de octubre de 2010

La rebelión policial y la crisis institucional en Ecuador.

Por Gabriela Calderón de Burgos.

Guayaquil, Ecuador— Ayer se sublevó la policía contra el presidente ecuatoriano y el ejército terminó enfrentándose con la fuerza pública. Pero la crisis política no empezó ayer.

Los ecuatorianos hemos vivido con inestabilidad política desde antes del 2000. Esta inestabilidad, contrario a lo que se ha reportado en la prensa internacional, se agravó (aunque no empezó) con la llegada a la presidencia de Rafael Correa, quien como primer acto de rebeldía frente al Estado de Derecho no juró respetar la Constitución vigente en ese entonces. Desde ese día, una cadena de importantes atropellos al orden constitucional vigente y a la separación de poderes construyeron el camino hacia la lamentable violencia de ayer.

Apenas dos meses después de haber llegado al poder en enero de 2007, un Tribunal Supremo Electoral (TSE), probablemente capturado por el ejecutivo, destituyó a toda la oposición en el congreso. Hacerlo le correspondía solamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En abril del mismo año un Tribunal Constitucional (TC) independiente de los demás poderes y con sólidos argumentos, restituyó a los diputados. La policía nacional, bajo órdenes del presidente, permitió que ingrese al TC una turba violenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y del Movimiento Popular Democrático (MPD). El país escuchó a través de los medios de comunicación como el presidente se rebelaba ante la decisión del máximo órgano del Estado ecuatoriano, el poder que interpreta la Constitución.


En diciembre de 2007, la mayoría gobiernista en la nueva Asamblea Constituyente emite su primer mandato declarándose de “plenos poderes” y disolviendo el congreso democráticamente elegido.

Hoy, a más de un año de la nueva Asamblea Nacional, es evidente que esta no goza de independencia y que el principal legislador del país es el ejecutivo. La Asamblea tampoco ha podido fiscalizar.

La ley de servicio público que desató la sublevación de la policía nacional se da luego de que el presidente se ha valido de una serie de artimañas para evitar que la Asamblea actúe de manera independiente. Demorar el debate hasta comprar los votos necesarios, secuestrar a los asambleístas oficialistas para evitar que haya quórum para sesionar y votar, prometer cambios en proyecto de ley para conseguir votos y luego eliminar esos cambios mediante un veto presidencial, esconder un proyecto de ley hasta que expire el tiempo de debate y esta entre por el Ministerio de la Ley tal como la envió el ejecutivo, etc. Los policías, así como los estudiantes, los profesores, los mineros —todos habiéndose manifestado recientemente— están conscientes de que todo el poder lo concentra el presidente y de que es con él que tienen que negociar si quieren cambios.

Ayer cuando me enteré por televisión de la sublevación de los policías, rebelión que no era por libertad sino por conservar prebendas del Estado, honestamente pensé que el presidente intentaría negociar con los policías. Lo sorprendente fue que al llegar al Regimiento 1 de la policía nacional en Quito, el presidente subió el tono de la confrontación gritando a todo pulmón: “¡Si quieren matar al presidente…Aquí está! ¡Mátenlo pues!” Aseveró que no daría “ni un paso atrás”. Esto constituyó una provocación a los policías, quienes luego no permitieron que aterrice un helicóptero que pretendía sacar al presidente del regimiento. El resto del día la crispación y la violencia continuó aumentando.

No debería sorprender que en un país donde ninguna de las autoridades parece respetar la ley, la policía amanezca pensando que tampoco tiene que respetarla y se tome las calles. El gobierno ha dado el ejemplo, sistemáticamente a lo largo de los últimos casi 4 años, de que es legítimo hacer cambios por la fuerza. El gobierno ha recurrido a medidas de hecho constantemente. No contaba con que otros tomen medidas de fuerza en su contra.

Hubo asaltos a bancos, atracos a mano armada en las carreteras, cierres de bancos y centros comerciales por seguridad, etc. A las 11:30 de la mañana el gobierno ordenó a todos los medios de comunicación del país transmitir solamente la señal de uno de los 20 medios estatales, Ecuador TV. A esa hora empezó una larga cadena nacional de arengas de las principales autoridades del gobierno y activistas políticos pidiendo por la libertad del presidente. Tuvimos que recurrir a Twitter y a canales en el extranjero (Telesur con un reportaje altamente sesgado y NTN24 de Colombia) para informarnos. Incluso CNN se vio limitado a transmitir la señal estatal.

Manifestantes de la oposición junto con algunos policías irrumpieron en la estación de Ecuador TV para obligar al canal público a transmitir versiones no oficiales de lo que estaba sucediendo. Cuando iba a hablar el segundo manifestante el gobierno cortó la señal. A las nueve de la noche permitieron a Ecuavisa y Teleamazonas volver a transmitir su señal y los ecuatorianos vimos una balacera de casi 40 minutos en vivo. Ecuavisa reportó que el presidente había autorizado una operación militar para que lo rescaten con 500 soldados.

No hay nada que celebrar por lo que ocurrió ayer. Vivimos con la ley de la selva. No hemos vuelto al Estado de Derecho. El mundo vio la balacera entre nuestros militares y policías. Esa balacera continuó mientras que el presidente salía sonriente y fresco a dar un discurso combativo frente a una multitud de gente que lo vitoreaba. La balacera no la pudimos seguir viendo porque el gobierno volvió a sacar del aire la señal de los medios independientes. Solo podíamos ver al presidente en el balcón de Carondelet culpando a la oposición de todo lo sucedido.

El daño es grave. Los ciudadanos le hemos perdido el respeto a los policías y a las autoridades. Los ecuatorianos de mi generación nunca habíamos visto violencia de ese calibre. Tampoco habíamos experimentado un control de información como el que hubo ayer.

Los demócratas del hemisferio deben estar sumamente preocupados de lo que está por venir en Ecuador. Todo parece indicar que la revolución se va a radicalizar, aprovechando el baño de popularidad que ha recibido el presidente luego de que se presentó como héroe nacional. Seguramente apuntarán a la prensa independiente que queda y a la fragmentada oposición.

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