Ciudad El Tigre, martes 10 de mayo de 2011
Ronny Padrón.
Democracia Cristiana Hoy.

La agricultura de la zona sur necesita del libre mercado.

¨Toman el Inti en zona sur para exigir cartas agrarias¨. Así tituló en días recientes un medio de comunicación social escrito, de circulación regional, en referencia a otra de las tantas protestas que productores agrícolas del sur de Anzoátegui acostumbran realizar ante la sede del INTI (Instituto Nacional de Tierras) en el Municipio Simón Rodríguez.


En esta ocasión solicitaban al prenombrado ente dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, la entrega de las llamadas ¨Cartas Agrarias¨. Instrumento jurídico creado a partir de la Resolución Nº 177, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº: 37.629 de fecha 11/02/2.003, con fundamento en el decreto presidencial Nº 2.292 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.624 de fecha 04/02//2003, a través del cual se autoriza la ocupación por parte de grupos campesinos organizados o no, en las tierras públicas con vocación agrícola, mientras se tramitan y resuelven los procedimientos de adjudicación provisional, de conformidad con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.991 en fecha 29/07/2.003.


Vale destacar que en ningún caso el beneficiario de tales instrumentos jurídicos, podrá realizar negociación sobre la parcela de tierra objeto de la ¨Carta Agraria¨. Es decir carece de la facultad de disposición sobre la tierra objeto del beneficio. En caso de materializarse alguna negociación, solo producirá la pérdida de eficacia y validez de la ¨Carta Agraria¨ otorgada. Ello de conformidad con el artículo 5 de la precitada resolución del INTI.


En contrapartida, su receptor se convierte en beneficiario directo de las políticas e incentivos agrarios, para un proyectado desarrollo rural sustentable. Da el derecho preferente en el otorgamiento de créditos para el sector agrícola por parte de las instituciones financieras públicas, ello de conformidad con el artículo 6 del mismo instrumento jurídico.


Es decir, esos productores agrícolas de la zona sur de Anzoátegui, protestaban exigiendo el otorgamiento de una ¨promesa¨ por parte del Estado nacional, hoy socialista, ayer populista. Ese mismo Estado nacional, que en 2010 fue impotente para evitar que ¨… el costo de los alimentos aumentara en 33,8%, mientras que en Colombia el alza se ubicó en 4,09%, en México 4,9%, en Chile 5,6% y en Brasil 10,39%¨. (Fuente: Diario el Universal 10/05/2.011).


Esta elevación en el precio de los alimentos padecida en Venezuela el año 2.010, es mayor a la totalizada por los 34 países integrantes de la OCDE. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) fundada en 1.961, conformada por naciones comprometidas con la democracia y una economía de libre mercado.


No es difícil pensar que los productores sureños en protesta por sus ¨Cartas Agrarias¨ lo hacen con la idea de obtener un crédito agrícola que les permita desarrollar una producción eficiente y rentable. Ante tal supuesto vale mencionar, que al ajustar el tipo de cambio oficial de cada año, el sector financiero tanto público como privado, le ha prestado a los agricultores, a tasas de interés preferencial, el equivalente a 11 mil 800 millones de dólares en los últimos cinco años, pero este desembolso no ha significado alimentos más baratos para los venezolanos.


Es decir la baja productividad del campo, en específico el de la zona sur de Anzoátegui, no es debida a falta de créditos. El problema está en otra parte.
El meollo se encuentra en el modelo económico vigente en Venezuela. Un capitalismo de Estado que rigió de 1.958 a 1.998, y el socialismo a partir de 1.999, con resultados igualmente funestos para las mayorías nacionales, muy convenientes para una cada vez más reducida legión de burócratas y productores agrícolas, de común más atentos al lucro con dineros del patrimonio público por sobre la productividad agraria.


Esa situación debe terminar. Una vez restauremos la constitucionalidad democrática, será menester que un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, haga válido el precepto constitucional que le impone la promoción de una …¨agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantice la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor¨. Tal como lo señala el artículo 305 constitucional.


Pero ello sólo será posible cuando entendamos a la actividad agrícola y pecuaria como el importante negocio que es, que por ende sólo puede ser rentable en el marco de una economía de libre mercado. Particularmente, nosotros sostenemos la pertinencia del modelo de economía social de mercado de gran éxito en la República Federal de Alemania a partir de 1.946, a tal grado que hoy constituye el modelo económico de la Comunidad Europea.


Conforme a tal esquema, es imprescindible iniciar con el cumplimiento de uno de los principios fundamentales establecidos por el economista alemán Alfred Mueller-Armack, ¨El respeto a la propiedad privada¨. Ello constituye la piedra angular para transformar la agricultura de la zona sur de Anzoátegui, desde la rémora que para el patrimonio público ha constituido en los últimos 50 años, hasta su consolidación en un sector económico productivo que justifique cada moneda que en ella se invierta.
En la medida que el Estado nacional, hoy dueño de la mayoría de las tierras cultivables del país, emprenda un vigoroso programa para convertir en propietarios de la tierra a quienes tengan la capacidad y disposición de trabajarla, de conformidad con la ley, en esa misma medida comenzará la mejor etapa del campo venezolano.


Tan importante resulta la propiedad privada del campo, que una vez que éste derecho resulta socavado o removido, la economía del sector agrario tiende a colapsar a una velocidad sorprendente y devastadora. Eso es debido a la consecuente pérdida de la confianza de los inversionistas, la desaparición del valor de la tierra y la desaparición de sabiduría, incentivos y emprendedores, todos los cuales son ingredientes esenciales para el crecimiento económico. Es el caso de la Venezuela actual, igualmente el de la República de Zimbabue con su ¨Reforma Agraria¨ del año 2.000.


Los venezolanos en general, y los nativos del sur de Anzoátegui en particular, no podemos continuar aceptando, que en virtud de una seguridad alimentaria mal entendida por los gobernantes populistas de ayer y por los socialistas de hoy, el patrimonio público, propiedad de la nación, se derroche tan irresponsablemente, bajo la falacia de apoyar la agricultura nativa, cuando está demostrado indubitablemente que tales tratativas sólo contribuyen a perpetuar la pobreza de las grandes mayorías nacionales y la opulencia de unos pocos apátridas.


Hasta cuando permitiremos que el Estado banquero, comerciante y dueño de la tierra continúe obstaculizando el desarrollo del campo venezolano en cabeza de quienes si estén en capacidad y disposición de trabajarlo.


Llegó la hora de promover la conformación de un Estado nacional que fomente la prosperidad económica mediante el establecimiento de la seguridad jurídica hoy inexistente. Un Estado concentrado en sus funciones propias, inherentes a la materia, posibilitando la estabilidad de la moneda, para lo cual recomendamos la inmediata dolarización de la economía nacional, un Estado que procure el acceso libre a los mercados internacionales de productos agrícolas, que garantice la libertad contractual de los agentes integrantes del circuito económico: agricultores- banca privada- consumidores, un Estado plenamente responsable de la políticas fiscal y tributaria, que reduzca al mínimo posible los impuestos relativos al sector, a modo de dinamizar la economía agraria, un Estado que ejerza control sobre los monopolios, vicio económico expresamente prohibido por la Carta Magna, y por último, la transparencia económica que pasa por la eliminación de subsidios, elemento distorsionador de la economía, en perjuicio de las grandes mayorías nacionales, dueños legítimos de la Hacienda Pública. ORA y LABORA

caballeropercival@hotmail.com