Cabillas, socialismo y fallas de Gobierno.Rafael González


Toda la prensa se ha hecho eco de los eventuales casos de corrupción relacionados con la producción y comercialización de cabillas, entre otros productos de material ferroso.

Por otra parte, un estudio realizado por profesores del IESA revelaría que hay empresas públicas o estatizadas, laborando a 4% de su capacidad e incluso algunas que no han podido iniciar actividades tras ser expropiadas –según lo reseña El Mundo del 22 de junio de 2011-. Desde el año 2005 se habrían ejecutado más de 1.300 intervenciones, expropiaciones, confiscaciones e invasiones, según el Observatorio de la Propiedad Privada.

Estos eventuales actos de corrupción, peculado y desviación de productos ferrosos hacia mercados paralelos constituyen un claro ejemplo de fallas de Gobierno; como de igual manera lo representa el rotundo fracaso de sustituir a la actividad económica privada por la pública. Aun así debe tenerse cuidado que con un par de chivos expiatorios se pretenda tapar el tamaño del problema que enfrentamos los venezolanos con las acciones del Gobierno, ni se pretenda en adelante achacar a un funcionario de mediano rango el fracaso de la ineficiente política de viviendas en Venezuela.

La sociedad en su conjunto, más allá de los casos particulares, debe evaluar si el modelo económico y la desinstitucionalización de la nación llevada a cabo por la actual gestión de Gobierno constituyen la explicación del fracaso, la corrupción, la burocratización improductiva que resta recursos a la generación de bienes públicos tan clamados por la sociedad en su conjunto.

El socialismo y la propiedad pública sobre los medios de producción, así se pretenda en una primera etapa dosificar circunscribiéndola a los sectores “estratégicos”, constituye esquemas de desincentivo que explican la destrucción de valor de las sociedades que lo asumen como modelo.

Más allá, el intervencionismo económico, la planificación centralizada, la vulneración de los derechos de propiedad, la eliminación del mercado y sus mecanismos de información y asignación de recursos, y el constreñimiento de las libertades económicas, como modelo económico, encuentran mayor justificación en la teoría del public choice y la economía positiva, que explican como grupos limitados de espalda a la sociedad, buscan administrar mayor cantidad de recursos, empresas y poder, menoscaban las libertades y concentrando y centralizando poderes y recursos.


Desde el punto de vista normativo –el deber ser- la intervención del Estado en la economía debe estar justificada y limitada. La intervención pública debe estar justificada porque el despliegue y uso de instituciones y fondos públicos posee altísimos costos de oportunidad en actividades que la sociedad clama y que solo el Estado puede coordinar, como los bienes públicos.


Luego, porque la intervención del Estado en la economía se justificaría solo en aquellos casos de fallas de mercado y donde una intervención del Estado garantizaría una situación de eficiencia económica y de bienestar social superior. Es así como la intervención pública de forma intrusiva, excluyente y sustituta de la actividad económica privada y de los derechos de propiedad no encuentran asidero en las buenas prácticas de políticas públicas y regulatorias.

Cuando las empresas son propiedad pública tanto los propietarios como los objetivos de las mismas resultan tremendamente difusos en comparación a las empresas privadas, en las cuales se encuentran estrictamente establecidos quienes son las personas naturales propietarias de las mismas.



Así las cosas, la propiedad pública suele estar atomizada –al menos teóricamente- a lo largo de todos los nacionales, mientras que son unos pocos los que manejan los recursos públicos. Una vez que los objetivos de las empresas públicas no suelen estar claros ya que no suele estar claro cuáles son los propietarios beneficiados (los votantes, la sociedad en su conjunto, los suscriptores actuales, nuevos suscriptores o clientes, el Gobierno, los sindicatos), resulta complejo monitorear el desempeño y el esfuerzo desplegado por las empresas públicas y más específicamente por parte de sus administradores.


Concretamente, la gestión de Gobierno de turno podría tener intereses políticos-electorales que ponen de espalda la gestión de las empresas públicas con los intereses de la sociedad, por ejemplo, sobre-contratándose adeptos políticos, se les hace favores a sindicatos adeptos, se ofrecen bienes y servicios a pérdida para ganar votantes aunque esto implique despilfarro de recursos públicos, etc.


Por definición el accountabilityo el seguimiento y administración de las empresas públicas resulta imperfecto. Incluso en países como Venezuela donde existe una enorme renta petrolera existe la tremenda tentación por parte del administrador de la cosa pública en “justificar” el despilfarro y uso discrecional de la petro-renta administrándola, estatizando, expropiando, etc.

Adicionalmente, los administradores de las empresas públicas -dado lo difuso de los verdaderos propietarios (cada uno de los ciudadanos), dado su atomización, lo que explica la falta de dolencia sobre los recursos mal usados y sus limitaciones para hacer contraloría- se aprovechan, satisfaciendo sus propios intereses.


Dentro de los intereses de los administradores de empresas públicas como las ubicadas en Guayana puede estar ser candidato a la gobernación, por lo que posee todos los incentivos para hacer uso de los recursos de las empresas públicas para comprar o ganar adeptos o votantes futuros. Podrían tener intereses en desviar recursos para el partido al cual representan. Podrían sencillamente utilizar los recursos públicos y el poder que el cargo de administrador les ofrece para lucrarse, malversando o incurriendo en actos de corrupción. Estas situaciones constituyen fallas de Gobierno y notables problemas de agente-principal.

Por otra parte, las empresas y monopolios públicos constituyen estructuras organizacionales en los cuales los incentivos implícitos a favor de la eficiencia económica no existen o son poco creíbles. Lo anterior resulta preocupante porque la eficiencia económica constituye un bien social en la medida que garantiza una utilización óptima de recursos para la producción de bienes y servicios y posibilitaría estructuras de costos más planas al momento de la formación de precios en el mercado.


En contraste con las empresas públicas, en las empresas privadas los objetivos de los propietarios, generar beneficios a través de una gestión eficiente y competitiva, permite aplanar las estructuras de costos, reduciendo los recursos comprometidos, porque de lo contrario los administradores serían echados de la compañía y perderían reputación en el mercado laboral. Más allá, de ser un desastre la gestión de la empresa privada, quienes habrían perdido su capital son los privados y no el país que despilfarraría recursos públicos.

Economista. Master in Competition and Market Regulation. Master in Industrial Organization and Markets. Profesor universitario de Regulación Económica y Regulación de Competencia.



enriquergp@yahoo.es

Jueves, 30 de junio de 2011