Para Anzoátegui, una electricidad de primera.

Ronny Padrón.
Democracia Cristiana Hoy.


Para Anzoátegui, una electricidad de primera.

La llegada de la estación lluviosa, permitió certificar también a los anzoatiguenses que el problema eléctrico no era causado precisamente por el muy cálido verano. Resulta innegable la naturaleza pública del servicio de electricidad, de conformidad con el artículo 113 de la Carta Magna, como no es menos cierto que el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, para la prestación de este servicio, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público, de acuerdo con el texto jurídico precitado.

Certificada la conformidad constitucional, solo restará obtener un marco legal que posibilite la gestión privada de este servicio público ha objeto de alcanzar la eficiencia y reducción de costos que únicamente las empresas particulares pueden proveer, como lo indica la experiencia mundial. Las enormes inversiones dinerarias y una constante evolución tecnológica, indispensables para una adecuada prestación del servicio eléctrico, imponen la adopción de este nuevo paradigma en este servicio público, sobremanera al tiempo presente vista la precariedad del sistema eléctrico nacional, colosal obstáculo al desarrollo integral de Venezuela.

Sin perjuicio de la exclusiva facultad del Estado nacional para dictar medidas de planificación, racionalización y regulación de la economía, con miras a impulsar el desarrollo integral del país, una vez restaurada la constitucionalidad democrática en Venezuela, la gestión privada de del sector eléctrico nacional debe constituir prioridad de las nuevas autoridades, en consonancia con las necesidades colectivas que desde hace tanto claman por satisfacción.

Los ingentes recursos dedicados hoy por el Estado a la generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica, bien pueden ser destinados a sufragar otras tantas e importantes competencias que solo este puede desarrollar: Legislación, tribunales, policía, fuerza militar; que igualmente requieren profunda optimización vistas las deficiencias características a tales sectores.

Mientras no abordemos estos cambios, continuaremos padeciendo la incongruencia de un Estado que consagra constitucionalmente el derecho ciudadano a disponer de servicios públicos de calidad, y los mecanismos adecuados para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad del servicio, procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos, todo ello letra muerta por cuanto es el mismo Estado quien gestiona la prestación. Ora y Labora.
caballeropercival@cantv.net